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Criticó que el PLD y la Fuerza del Pueblo quieren evitar que sea reformada la constitución para que el ministerio vuelva a ser dirigido por dirigentes políticos

Santo Domingo. – El diputado al Parlamento Centroamericano (PARLACEN), José Liz aseguró que la reforma constitucional sometida por el Poder Ejecutivo tiene como objetivo fundamental garantizar la independencia del Ministerio Público y así tener una justicia alejada de toda intención política.

“Con esta reforma constitucional el presidente Luis Abinader busca dar cumplimiento a una promesa de campaña de garantizar un Ministerio Público independiente y autónomo que ha de ejercer sus funciones conforme a los principios de legalidad, objetividad, sin privilegios y así permitir que exista un verdadero régimen de consecuencia en la que se castigue a los corruptos, sin importar su jerarquía” explicó Liz.

El diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), expresó que las actuales autoridades que encabezan el Ministerio Público no responden a ninguna parcela política, pero que fueron designadas por voluntad libérrima del presidente de la República, lo que con esta reforma constitucional busca evitar que el ministerio público sea designado por el poder ejecutivo, sino por un método que quede establecido en la carta magna.

“Al Ministerio Público independiente hay que darle un rango constitucional, para evitar que un partido político en un momento determinado pudiese designar a sus allegados el manejo del órgano persecutor y así evitar que los funcionarios que cometan algunos casos de corrupción administrativa puedan recibir un régimen de consecuencias” manifestó el diputado perremeísta.

José Liz criticó que el PLD y la Fuerza del Pueblo quieren evitar que sea reformada la constitución para que el ministerio vuelva a ser dirigido por dirigentes políticos que por su incapacidad o la falta de voluntad en perseguir los actos de corrupción caracterizó sus gobiernos.

Precisó que el presidente Luis Abinader busca garantizar que el Ministerio Público cumpla con el reclamo social de perseguir la corrupción y el crimen organizado, en la que exista un régimen de consecuencia, a fin de poner fin a la corrupción administrativa.

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